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Alemania vuelve a debatir con creciente intensidad una cuestión que hace tiempo que ha dejado de ser un mero tema de tráfico: ¿son los radares de velocidad en realidad un cómodo instrumento de financiación para ciudades y municipios con problemas económicos, o son un medio necesario para proteger la vida en las carreteras alemanas? La indignación de muchos conductores no es casual. Quien ve que los municipios recaudan millones por infracciones de velocidad y de semáforos en rojo, mientras que al mismo tiempo se quejan de restricciones presupuestarias, déficits y agujeros en los presupuestos, rápidamente tiene la impresión de que aquí no solo se vigila, sino que, sobre todo, se recauda. Precisamente esta sospecha ha avivado aún más el debate en los últimos meses.De hecho, las cifras hablan por sí solas. En una evaluación reciente de las grandes ciudades alemanas, numerosos municipios volvieron a obtener ingresos millonarios gracias a la vigilancia del tráfico. Es especialmente llamativo que no solo algunos casos aislados registran cantidades elevadas, sino que en muchas ciudades se ha establecido un nivel de ingresos lucrativo de forma permanente. Esto es políticamente delicado, porque, aunque las multas se justifican desde el punto de vista normativo, muchos ciudadanos las perciben desde hace tiempo como un elemento fijo de la planificación financiera municipal. La desconfianza crece aún más cuando las ciudades se refieren a la seguridad, pero al mismo tiempo no establecen una separación clara entre la prevención y el efecto recaudatorio.Hamburgo es un ejemplo paradigmático de esta tensión. Las cifras disponibles actualmente muestran la dimensión que ha alcanzado la vigilancia del tráfico. Solo en 2024, los controles de velocidad fijos y móviles aportaron casi 47 millones de euros a las arcas municipales. La mayor parte procedía, con diferencia, de los controles móviles, mientras que los fijos aportaron una cantidad considerablemente menor, pero aún así de dos dígitos en millones. A esto se sumaron los ingresos procedentes de la vigilancia fija de los semáforos en rojo. Incluso al año siguiente, la ciudad se mantuvo en un nivel muy alto: solo por infracciones de velocidad se recaudaron de nuevo más de 40 millones de euros. Quien lee estas cifras comprende inmediatamente por qué el término «estafa» ya no es una exageración polémica para muchas personas, sino una constatación percibida.A esto se suma un segundo punto que agrava las críticas: en muchas ciudades, estos ingresos no se destinan específicamente a mejorar la seguridad vial, sino que se incorporan al presupuesto general. Esto no es sorprendente desde el punto de vista jurídico, pero sí explosivo desde el punto de vista político. Porque quien espera que el dinero de los radares se invierta automáticamente en caminos escolares seguros, remodelaciones de cruces, mejor iluminación, carriles bici o protección contra accidentes, a menudo se equivoca. Para los ciudadanos, esto crea una imagen fatal: el municipio mide, recauda y contabiliza, pero a menudo no queda claro si los ingresos se destinan de forma visible a los puntos peligrosos del tráfico. Cuando falta transparencia, crece la sospecha de que un instrumento de seguridad legítimo se ha convertido sigilosamente en un modelo de negocio fiscal.La situación se vuelve especialmente delicada cuando el efecto secundario financiero ya no pasa desapercibido, sino que aparece abiertamente en los debates sobre la consolidación. Un caso reciente en Halle an der Saale ilustra precisamente este problema. Allí, el plan de consolidación presupuestaria prevé ingresos adicionales procedentes de la vigilancia del tráfico. El año pasado, los ingresos ya ascendieron a millones, y ahora se prevé que se sumen más cantidades. Al mismo tiempo, se subraya oficialmente que el objetivo principal sigue siendo la seguridad vial. Precisamente este doble mensaje es el núcleo del problema: en cuanto una ciudad promete más seguridad, por un lado, pero, por otro, cuenta abiertamente con mayores ingresos, cada nuevo sistema de medición se convierte en un tema políticamente explosivo.

El mercado alemán de coches eléctricos vuelve a dar señales de vida. Tras el revés que supuso la repentina suspensión de las subvenciones a finales de 2023, las matriculaciones de vehículos nuevos vuelven a aumentar de forma notable. A primera vista, parece el regreso tardío de la recuperación. Sin embargo, al analizarlo más detenidamente, se observa un panorama mucho más complejo: las ayudas estatales vuelven a ascender a miles de millones, la ampliación de la infraestructura de recarga avanza, se mantienen las ventajas fiscales... y, sin embargo, muchos compradores, sobre todo en el mercado privado, siguen mostrándose notablemente cautelosos.Esto es lo que hace que las cifras actuales sean tan contradictorias. Los coches totalmente eléctricos vuelven a aumentar en las matriculaciones nuevas, pero no se puede hablar de una amplia ola de compras. El mercado crece, pero no con la fuerza que cabría esperar tras años de priorización política, nuevos incentivos de compra y programas de infraestructura por valor de miles de millones. Ahí radica precisamente el problema fundamental de la movilidad eléctrica alemana: avanza, pero aún no convence de forma generalizada.Es cierto que últimamente se han matriculado muchos más vehículos eléctricos de batería. En el conjunto del año 2025, Alemania volvió a ser un importante motor de crecimiento dentro de Europa. Al mismo tiempo, la proporción de coches eléctricos puros en todas las matriculaciones nuevas se mantiene en un nivel que parece más una estabilización que un avance. También llama la atención que el mercado total solo crezca moderadamente y que el sector comercial siga dominando el negocio de los coches nuevos. En los sectores en los que predominan los vehículos de empresa, las flotas y los coches de empresa con ventajas fiscales, las cifras suelen parecer más dinámicas de lo que realmente es la demanda privada.Por eso, los observadores del sector se fijan ahora menos en el número puro de matriculaciones nuevas y más en quién las compra realmente. Y aquí la situación es mucho más sobria. En el ámbito privado, la reticencia sigue siendo grande. Muchos hogares posponen el cambio, conducen sus vehículos de combustión durante más tiempo o prefieren volver a optar por la gasolina, el diésel o un híbrido para su próximo vehículo. Por lo tanto, aún no se ha alcanzado la aceptación masiva real en el mercado cotidiano.