PIE DE IMPRENTA
AVISO LEGAL DE «EL SIGLO FUTURO»
Entidad editora y prestadora del servicio
«EL SIGLO FUTURO», en adelante también «ESF», es una publicación digital de la división de medios de comunicación de SCANDIC TRUST GROUP LLC, entidad responsable de su actividad editorial y de los servicios que presta en nombre propio.
SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
Kyiv — 01014 / Ucrania
Correo electrónico: [email protected]
Colaboración y soporte técnico
La colaboración y el soporte técnico se desarrollan con:
SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubái — 342001
Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 54 221 5217
Colaboración comercial
La colaboración comercial se desarrolla con:
LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlín
República Federal de Alemania
Registro Mercantil: HRB 57837
Órgano registral: Amtsgericht Charlottenburg, Berlín
Número de identificación a efectos del IVA: DE413445833
Teléfono: +49 30 99211 3469
Teléfono adicional: +49 30 99211 3225
Correo electrónico: [email protected]
Distribución de funciones y responsabilidades
SCANDIC TRUST GROUP LLC desempeña las funciones operativas y editoriales de «EL SIGLO FUTURO». La colaboración técnica de SCANDIC ASSETS FZCO y la colaboración comercial de LEGIER Beteiligungs mbH no modifican por sí mismas la identidad de la entidad editora ni de la parte contratante identificada en cada servicio. Cada entidad responde de sus propias actuaciones y de las obligaciones que le correspondan conforme a la legislación aplicable.
Dirección editorial y responsable de contenidos
La dirección editorial corresponde a Steven Snyder, en calidad de Editor-in-Chief / director editorial. Las comunicaciones relativas a contenidos, aclaraciones y rectificaciones pueden dirigirse a su atención mediante los siguientes datos de contacto, respetando las formalidades y los plazos legalmente aplicables.
Steven Snyder — Dirección editorial
EL SIGLO FUTURO
c/o SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
Kyiv — 01014 / Ucrania
Correo electrónico: [email protected]
Identificación del prestador y ámbito de aplicación
Este aviso facilita la identificación de la entidad editora y los medios de contacto de «EL SIGLO FUTURO». La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico — LSSI, se aplica conforme a su ámbito territorial y material. La localización internacional de las entidades participantes no excluye las disposiciones españolas o europeas imperativas que correspondan a la actividad desarrollada.
Información de interés
Hace 151 años (a fecha de 1 de Enero de 2026), el político y pensador carlista Cándido Nocedal fundó el periódico español El Siglo Futuro. El primer número del periódico español El Siglo Futuro se publicó el 19 de marzo de 1875. En su nueva edición como prestigioso periódico español, El Siglo Futuro tiene su sede técnica en la capital de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Valencia, en el corazón de la ciudad española de Valencia, en el barrio de Ciutat Vella Nord. El Siglo Futuro informa sobre temas de todo el mundo las 24 horas del día, los siete días de la semana, en seis idiomas La actual oferta digital «EL SIGLO FUTURO» recupera este título periodístico histórico. Del año de aparición de la publicación histórica no se deriva una actividad editorial ininterrumpida ni una identidad jurídica con aquella publicación.
Perfil editorial
«EL SIGLO FUTURO» es un diario de orientación liberal-conservadora cuya línea editorial corresponde a sus responsables editoriales. Periodistas independientes aportan contenidos a sus distintas secciones. La publicación informa sobre política, economía, cultura, sociedad, derechos civiles, participación ciudadana, democracia y actualidad internacional, europea, española y regional, con especial atención a Valencia y a la Comunitat Valenciana.
Código editorial y principios deontológicos
La actividad periodística se orienta por la independencia, la diligencia profesional, la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales. Las noticias, las opiniones, la publicidad y las comunicaciones comerciales deben distinguirse de forma reconocible. Las colaboraciones firmadas expresan las posiciones de sus autores. Los compromisos deontológicos complementan las obligaciones legales y no sustituyen los derechos de las personas afectadas ni la competencia de los tribunales.
Libertad de prensa y función pública de la información
El artículo 20 de la Constitución Española protege la libertad de expresión y el derecho a comunicar y recibir información veraz. Prohíbe la censura previa y somete estas libertades a los límites constitucionales, especialmente al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. El periodismo contribuye al debate público mediante la difusión de información y opiniones sobre asuntos de interés general.
Jurisprudencia sobre veracidad y diligencia profesional
La Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, de 21 de enero, establece que la veracidad constitucional no equivale a una exactitud absoluta, sino que exige diligencia en la comprobación de los hechos. La protección de la libertad de información no alcanza a la difusión de afirmaciones conocidas como falsas ni de meros rumores presentados como hechos sin contraste suficiente. Este criterio permite distinguir el error compatible con una actuación diligente de la información difundida irresponsablemente.
Declaraciones de terceros y reportaje neutral
La Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2002, de 8 de abril, delimita el reportaje neutral: las declaraciones deben ser noticiosas, atribuirse a personas determinadas y transmitirse fielmente, sin convertirlas en afirmaciones propias del medio. La aplicación de esta doctrina depende de sus requisitos concretos. La simple incorporación de comillas o la mención de una fuente no exonera automáticamente de responsabilidad por una acusación reelaborada o asumida como propia.
Honor, intimidad y propia imagen
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, regula la protección civil del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. La información y la crítica deben respetar estos derechos, atendiendo al interés público, al contexto y a las circunstancias de la persona afectada. La notoriedad pública no elimina toda esfera de privacidad. Las intromisiones ilegítimas pueden dar lugar a medidas de cesación, reparación e indemnización en los términos legalmente previstos.
Fotografías y contenidos procedentes de redes sociales
La Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2020, de 24 de febrero, confirma que publicar una fotografía en un perfil de Facebook accesible al público no supone autorizar su reproducción por un periódico. La utilización de una imagen requiere consentimiento o una justificación legal suficiente, valorada según las circunstancias. Su accesibilidad en Internet no elimina los derechos de la persona fotografiada ni los derechos de autor que puedan concurrir.
Información sobre investigaciones y procedimientos judiciales
La cobertura debe distinguir entre denuncias, investigaciones, acusaciones y condenas, indicando el estado del procedimiento conocido al publicarse. Las afirmaciones de las partes deben atribuirse a su fuente. La existencia de una investigación no se presentará como una declaración de culpabilidad. Los titulares, imágenes y resúmenes deben mantener el sentido del contenido y evitar atribuciones que excedan lo que permiten sostener los hechos comunicados.
Derecho de rectificación
Conforme a la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, la rectificación debe remitirse al director dentro de los siete días naturales siguientes a la publicación, dejando constancia de la fecha y recepción. Si cumple los requisitos legales, se publicará íntegramente en los tres días siguientes a su recepción, gratuitamente, con relevancia semejante y sin comentarios ni apostillas, salvo las particularidades legales de periodicidad. Las solicitudes pueden dirigirse a [email protected].
Actualización de informaciones digitales
El artículo 86 de la Ley Orgánica 3/2018 reconoce el derecho a solicitar motivadamente un aviso de actualización suficientemente visible cuando una noticia ya no refleje la situación actual de la persona afectada por circunstancias posteriores y le cause perjuicio. Incluye las informaciones sobre actuaciones policiales o judiciales modificadas favorablemente por resoluciones posteriores. El aviso debe reflejar la decisión o circunstancia relevante, sin confundir la actualización con una reescritura arbitraria del archivo.
Hemerotecas digitales y derecho al olvido
La Sentencia del Tribunal Constitucional 58/2018, de 4 de junio, aborda la relación entre las hemerotecas digitales y los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos. Reconoce que limitar determinadas búsquedas por nombres y apellidos puede constituir una medida proporcionada sin eliminar la noticia original. El archivo periodístico no implica una exposición personal ilimitada, y su conservación exige ponderar el interés informativo y los derechos afectados.
Jurisprudencia europea sobre motores de búsqueda
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, asunto C-131/12, Google Spain, distingue el tratamiento realizado por un buscador de la publicación original. En determinadas circunstancias procede retirar enlaces de los resultados obtenidos mediante el nombre de una persona aunque la información permanezca lícitamente en la fuente. La desindexación y la supresión del contenido original son medidas distintas, sujetas a sus respectivos presupuestos.
Secreto profesional y protección de las fuentes
El secreto profesional periodístico encuentra reconocimiento en el artículo 20.1.d de la Constitución Española. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Goodwin contra el Reino Unido, de 27 de marzo de 1996, demanda n.º 17488/90, destacó la importancia de proteger las fuentes para la libertad de prensa. Las restricciones requieren una justificación especialmente rigurosa; no existe una autorización general para exigir la identificación de fuentes confidenciales por el mero hecho de cuestionar una publicación.
Cláusula de conciencia de los profesionales de la información
La Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, protege la independencia de los profesionales de la información en los supuestos que regula. Contempla la rescisión de la relación con la empresa ante determinados cambios de orientación informativa o traslados, así como la negativa motivada a participar en informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin sanción ni perjuicio por ese motivo.
Independencia, pluralismo y transparencia de los medios
El Reglamento (UE) 2024/1083, Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, establece garantías de independencia y obligaciones de transparencia. Su artículo 6 exige, dentro de su ámbito de aplicación, información accesible y actualizada sobre la identidad del prestador, los propietarios con influencia, los titulares reales y determinados ingresos publicitarios públicos. La identificación de colaboradores técnicos o comerciales no sustituye esa información de titularidad cuando resulte exigible.
Responsabilidad por los contenidos
«EL SIGLO FUTURO» responde de su actividad editorial conforme al régimen jurídico aplicable. La publicación de material suministrado por agencias o colaboradores no genera una exención general de responsabilidad. Las obligaciones de reparación y las medidas de protección se determinarán atendiendo a la conducta, los derechos afectados y las circunstancias concretas. Ninguna disposición de este aviso excluye responsabilidades que no puedan limitarse válidamente.
Servicios intermediarios y Reglamento de Servicios Digitales
El Reglamento (UE) 2022/2065, Reglamento de Servicios Digitales — DSA, se aplica a los servicios intermediarios comprendidos en su ámbito. Sus exenciones condicionadas de responsabilidad no constituyen una inmunidad para los contenidos editoriales propios. La calificación de una función de alojamiento, participación o plataforma depende del servicio efectivamente prestado; la mera existencia de una página web periodística no convierte toda su actividad en intermediación.
Comunicación de posibles vulneraciones
Las comunicaciones sobre posibles vulneraciones de derechos pueden dirigirse a [email protected], identificando el contenido, su ubicación y el derecho afectado. Este canal no exige renunciar a la asistencia de un abogado ni establece una prohibición general de formular reclamaciones profesionales. Se mantienen los requisitos de procedibilidad, los plazos y las vías administrativas o judiciales que correspondan a cada caso.
Enlaces externos
La responsabilidad por los enlaces se determina conforme al artículo 17 de la LSSI, cuando resulte aplicable, y al restante ordenamiento. La incorporación de un enlace no supone necesariamente asumir todos los contenidos de su destino. El conocimiento efectivo de una ilicitud puede exigir su retirada o desactivación diligente.
Foros y participación de usuarios
«EL SIGLO FUTURO» no gestiona foros propios. La eventual incorporación de comentarios u otras funciones de participación requerirá condiciones adecuadas a su naturaleza y al régimen jurídico aplicable. Las aportaciones de terceros deberán respetar los derechos de las personas afectadas y las normas sobre contenidos ilícitos.
Publicidad y comunicaciones comerciales
La publicidad deberá ser identificable y distinguirse del contenido editorial. El artículo 26 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, prohíbe determinadas prácticas comerciales encubiertas, incluida la promoción pagada presentada como información sin identificación publicitaria suficiente. Los anuncios, publirreportajes y contenidos patrocinados deberán mostrar de forma clara su naturaleza comercial y respetar las reglas sobre publicidad engañosa y las limitaciones sectoriales correspondientes.
Servicios contratados y derechos de los consumidores
Los servicios sujetos al Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, deben ofrecer información clara sobre proveedor, prestación, precio total, duración y condiciones relevantes. En la contratación a distancia se respetará el desistimiento legal, normalmente de catorce días naturales, cuando proceda. La pérdida de este derecho respecto de contenido digital exige cumplir las condiciones legales; no se presume por el mero acceso al sitio.
Reclamaciones y resolución alternativa de litigios
Las reclamaciones relativas a servicios contratados pueden remitirse a [email protected]. Se facilitará la información sobre entidades de resolución alternativa que resulte exigible conforme a la Ley 7/2017, sin atribuir a la entidad editora adhesiones no declaradas. La antigua plataforma europea de resolución de litigios en línea fue suprimida por el Reglamento (UE) 2024/3228 y no constituye un canal vigente de reclamación.
Servicios informativos y audiovisuales
Los servicios informativos y audiovisuales comprenden, conforme a las licencias y acuerdos correspondientes, materiales de AFP — Agence France-Presse; APA — Austria Press Agency; REUTERS — Thomson Reuters Corp.; PTI — Press Trust of India; EuroNews; ANSA — Agenzia Nazionale Stampa Associata; Adnkronos; SID; Xinhua; AP — Associated Press; CORBIS — Unity Glory; VCG — Visual China Group; ANI — Asian News International; NOTIFIED; Polska Agencja Prasowa; y Yonhap News Agency. Se respetarán las atribuciones y condiciones de utilización de cada proveedor.
Distribución internacional de noticias empresariales
ThomsonReuters OnePass / PressPass by businesswire a BERKSHIRE-HATHAWAY COMPANY / AP-CONTENT:
A través de los acuerdos de distribución correspondientes, «EL SIGLO FUTURO» ofrece servicios de difusión de noticias empresariales destinados a circuitos informativos internacionales vinculados, entre otros, a Fráncfort — XFRA, Frankfurter Wertpapierbörse y Xetra; Nueva York — NYSE; Tokio — Tokyo Stock Exchange; Londres — London Stock Exchange; Kyodo News; SIX Swiss Exchange; la Bolsa de Viena; y Shanghai Stock Exchange. El alcance depende del servicio contratado y no garantiza la publicación por terceros ni el cumplimiento automático de obligaciones de información bursátil.
Infraestructura técnica y seguridad
La infraestructura técnica indicada para «EL SIGLO FUTURO» comprende recursos en Boston, Estados Unidos, y Kuala Lumpur, Malasia, con servicios vinculados a ASPECTRA — Convotis Swiss Cloud / CONVOTIS Schweiz AG, Suiza, y soluciones de Iron Mountain y Darktrace. Las medidas de seguridad deben adecuarse a los riesgos e incluir, según corresponda, cifrado, control de accesos, supervisión y copias de respaldo. La utilización de estas tecnologías no constituye una garantía de invulnerabilidad absoluta o de disponibilidad ininterrumpida.
Protección de datos personales
El tratamiento comprendido en el ámbito del Reglamento (UE) 2016/679 — Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, se rige por este y por la Ley Orgánica 3/2018, cuando corresponda. Su aplicación territorial se determina conforme al artículo 3 del RGPD, también respecto de determinadas actividades dirigidas a personas que se encuentran en la Unión por entidades establecidas fuera de ella.
Responsable del tratamiento y contacto
SCANDIC TRUST GROUP LLC actúa como responsable de los tratamientos cuyos fines y medios determina. Las comunicaciones relativas a estos tratamientos pueden dirigirse a [email protected]. La información específica de cada tratamiento debe identificar sus finalidades, fundamento jurídico, destinatarios, conservación y derechos. La designación de un representante en la Unión, cuando sea exigible conforme al artículo 27 del RGPD, requiere un mandato específico y no se presume de una colaboración comercial.
Tratamiento de datos con fines periodísticos
El artículo 85 del RGPD exige conciliar la protección de datos con las libertades de expresión e información, incluidos los fines periodísticos. Esta conciliación no supone una exención general de todas las obligaciones. La difusión de datos debe atender al interés informativo y a los derechos afectados.
Contratos de encargo del tratamiento
Cuando un proveedor trate datos personales por cuenta de la entidad responsable, la relación deberá regularse conforme al artículo 28 del RGPD. El contrato debe concretar el objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, los datos y personas afectados, las instrucciones, confidencialidad, seguridad, subcontratación, asistencia al responsable y destino de los datos al finalizar el servicio. La mera contratación de alojamiento no demuestra por sí sola el cumplimiento de estas exigencias.
Ejercicio de derechos de protección de datos
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad cuando procedan, así como retirar el consentimiento. Las solicitudes se dirigirán a [email protected]. El plazo ordinario de respuesta es de un mes; puede ampliarse dos meses adicionales por complejidad o número de solicitudes, informando de la ampliación y sus motivos durante el primer mes. La identificación exigida deberá ser proporcionada.
Autoridad de protección de datos
Las personas afectadas pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos — AEPD, cuando sea competente, o ante otra autoridad de control competente conforme al RGPD. El ejercicio de este derecho no excluye la tutela judicial que corresponda. Información institucional y acceso a sus procedimientos: www.aepd.es.
Cookies y tecnologías similares
Las cookies que requieran consentimiento no deberán instalarse ni utilizarse antes de obtenerlo válidamente. La información y las opciones de aceptar, rechazar o configurar deberán ser claras y accesibles, conforme al artículo 22.2 de la LSSI y a los criterios de la AEPD. La sentencia del TJUE de 1 de octubre de 2019, asunto C-673/17, Planet49, rechaza las casillas premarcadas como consentimiento válido. La retirada del consentimiento debe resultar sencilla.
Transferencias internacionales de datos
Las transferencias fuera del Espacio Económico Europeo deben apoyarse en una decisión de adecuación, garantías apropiadas u otra excepción legalmente aplicable. La sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, asunto C-311/18, Schrems II, exige atender a la efectividad de la protección en el país de destino cuando se utilizan garantías contractuales. La ubicación de servidores o proveedores en terceros países no constituye por sí sola una base jurídica suficiente.
Protección de los derechos de autor
Los contenidos protegidos se rigen por el Real Decreto Legislativo 1/1996, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La reproducción, distribución, transformación o comunicación pública requiere autorización cuando no resulte aplicable un límite legal. El artículo 32 regula las citas y otros usos específicos con sus requisitos y finalidades; mencionar la fuente no autoriza cualquier reutilización. Se respetarán también los derechos de autores, fotógrafos, agencias y demás titulares.
Minería de textos y datos
La minería de textos y datos se somete al artículo 67 del Real Decreto-ley 24/2021 y al marco europeo correspondiente. «EL SIGLO FUTURO» reserva, en la medida de los derechos que ostente y cuando la ley lo permita, los usos sujetos a reserva. Para contenidos disponibles en línea, dicha reserva debe expresarse mediante los mecanismos adecuados, incluidos los legibles por máquina cuando sean exigibles. Permanecen a salvo las excepciones legales que no puedan excluirse.
Materiales y colaboraciones no solicitados
El envío de textos, fotografías, documentos u otros materiales no garantiza su publicación ni genera automáticamente un derecho a remuneración. Quien los remita deberá disponer de los derechos necesarios e indicar las restricciones de utilización o confidencialidad. La recepción no se interpretará como una cesión ilimitada de derechos. Las condiciones de las colaboraciones profesionales se establecerán mediante el acuerdo correspondiente.
Protección de menores
El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, protege el honor, la intimidad y la propia imagen de los menores. La utilización de su nombre o imagen puede constituir una intromisión ilegítima cuando perjudique su reputación o sea contraria a sus intereses, incluso si existe consentimiento del menor o de sus representantes. La cobertura informativa debe atender a su interés superior y evitar identificaciones perjudiciales.
Disponibilidad y naturaleza de la información
Los contenidos reflejan la información disponible en su contexto de publicación. Los servicios pueden experimentar interrupciones por mantenimiento, incidencias técnicas u otras circunstancias. La información general no constituye asesoramiento jurídico, médico, financiero o profesional individualizado. Estas precisiones no excluyen las obligaciones de diligencia ni los derechos de quienes contraten servicios.
Derecho aplicable y tribunales competentes
La ley aplicable y la competencia judicial se determinarán conforme a las normas correspondientes. En los contratos de consumo se respetarán, cuando resulten aplicables, el artículo 6 del Reglamento (CE) 593/2008 — Roma I y los artículos 17 a 19 del Reglamento (UE) 1215/2012 — Bruselas I bis. No se establece una sumisión exclusiva general a tribunales extranjeros que prive al consumidor de la protección imperativa que le corresponda.
Validez jurídica y versiones lingüísticas
Este aviso se facilita en español y en inglés. Ambas versiones deben interpretarse de forma coherente, respetando los textos oficiales y el alcance de las normas citadas. La eventual invalidez de una estipulación no autoriza a sustituirla por una restricción contraria a derechos imperativos. Las modificaciones posteriores se identificarán mediante la fecha de actualización y no alterarán retroactivamente los derechos adquiridos.
Contacto
Para consultas, solicitudes, rectificaciones o comunicaciones relacionadas con «EL SIGLO FUTURO»: [email protected].
© 2026 «EL SIGLO FUTURO».
Todos los derechos reservados, sin perjuicio de las excepciones y limitaciones legales.
LEGAL NOTICE OF “EL SIGLO FUTURO”
Publisher and service provider
“EL SIGLO FUTURO”, also referred to as “ESF”, is a digital publication of the media division of SCANDIC TRUST GROUP LLC, the entity responsible for its publishing activities and for services provided in its own name.
SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
Kyiv — 01014 / Ukraine
Email: [email protected]
Technical cooperation and support
Technical cooperation and support are provided in collaboration with:
SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001
United Arab Emirates
Telephone: +971 54 221 5217
Commercial cooperation
Commercial cooperation is conducted with:
LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin
Federal Republic of Germany
Commercial Register: HRB 57837
Registration authority: Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
VAT identification number: DE413445833
Telephone: +49 30 99211 3469
Additional telephone: +49 30 99211 3225
Email: [email protected]
Allocation of functions and responsibilities
SCANDIC TRUST GROUP LLC performs the operational and editorial functions of “EL SIGLO FUTURO”. Technical cooperation with SCANDIC ASSETS FZCO and commercial cooperation with LEGIER Beteiligungs mbH do not, in themselves, change the identity of the publisher or the contracting party identified for a particular service. Each entity remains responsible for its own conduct and for the obligations imposed on it by applicable law.
Editorial management and responsibility for content
Editorial management is entrusted to Steven Snyder, acting as Editor-in-Chief. Communications concerning content, clarifications and rectification may be addressed to him using the following contact details, subject to applicable statutory formalities and deadlines.
Steven Snyder — Editorial Management
EL SIGLO FUTURO
c/o SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
Kyiv — 01014 / Ukraine
Email: [email protected]
Provider identification and scope
This notice identifies the publisher and provides contact details for “EL SIGLO FUTURO”. Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic Commerce — LSSI applies within its territorial and material scope. The international location of the participating entities does not exclude mandatory Spanish or European provisions applicable to their activities.
Information of interest
151 years ago (as of 1 January 2026), the Carlist politician and thinker Cándido Nocedal founded the Spanish newspaper El Siglo Futuro. The first issue of the Spanish newspaper El Siglo Futuro was published on 19 March 1875. In its new edition as a prestigious Spanish newspaper, El Siglo Futuro has its technical headquarters in the capital of the Valencian Community and the province of Valencia, in the heart of the Spanish city of Valencia, in the Ciutat Vella Nord neighbourhood. El Siglo Futuro reports on subjects from around the world 24 hours a day, seven days a week, in six languages. The present digital publication “EL SIGLO FUTURO” revives this historic newspaper title. The year in which the historical publication first appeared does not imply uninterrupted publishing activity or legal identity with that publication.
Editorial profile
“EL SIGLO FUTURO” is a newspaper with a liberal-conservative orientation whose editorial direction is determined by its editorial management. Independent journalists contribute to its various sections. The publication covers politics, economics, culture, society, civil rights, civic participation, democracy and international, European, Spanish and regional affairs, with particular attention to Valencia and the Valencian Community.
Editorial code and ethical principles
Journalism is guided by independence, professional diligence, truthfulness and respect for fundamental rights. News, opinion, advertising and commercial communications must be recognisably distinct. Signed contributions express their authors’ positions. Ethical commitments supplement legal obligations and do not replace the rights of affected persons or the jurisdiction of the courts.
Freedom of the press and the public role of information
Article 20 of the Spanish Constitution protects freedom of expression and the right to communicate and receive truthful information. It prohibits prior censorship and subjects these freedoms to constitutional limits, particularly protection of honour, privacy, personal image, young people and children. Journalism contributes to public debate by disseminating information and opinions on matters of general interest.
Case law on truthfulness and professional diligence
Constitutional Court Judgment 6/1988 of 21 January establishes that constitutional truthfulness does not require absolute accuracy, but does require diligence in checking facts. Freedom of information does not protect the dissemination of statements known to be false or mere rumours presented as facts without adequate verification. This principle distinguishes an error compatible with diligent reporting from information disseminated irresponsibly.
Third-party statements and neutral reporting
Constitutional Court Judgment 76/2002 of 8 April defines neutral reporting: statements must be newsworthy, attributed to identifiable persons and faithfully transmitted without being adopted as the publication’s own assertions. The doctrine applies only where its specific requirements are met. Quotation marks or naming a source do not automatically exclude liability for an accusation that the publication has reworked or adopted as its own.
Honour, privacy and personal image
Organic Law 1/1982 of 5 May governs civil protection of honour, personal and family privacy, and personal image. Reporting and criticism must respect these rights, taking account of public interest, context and the affected person’s circumstances. Public prominence does not eliminate every sphere of privacy. Unlawful interference may lead to cessation orders, remedial measures and compensation as provided by law.
Photographs and material obtained from social networks
Constitutional Court Judgment 27/2020 of 24 February confirms that posting a photograph on a publicly accessible Facebook profile does not authorise its reproduction by a newspaper. Use of an image requires consent or sufficient legal justification, assessed in context. Its availability online does not extinguish the photographed person’s rights or any applicable copyright.
Reporting on investigations and judicial proceedings
Coverage must distinguish between complaints, investigations, accusations and convictions, identifying the procedural position known at publication. Statements made by the parties must be attributed to their sources. An investigation will not be presented as a finding of guilt. Headlines, images and summaries must preserve the meaning of the report and avoid allegations extending beyond what the reported facts support.
Right of rectification
Under Organic Law 2/1984 of 26 March, a rectification must be sent to the editor within seven calendar days following publication, with evidence of its date and receipt. If statutory requirements are met, it must be published in full within three days following receipt, free of charge, with comparable prominence and without comments or annotations, subject to statutory publication-frequency rules. Requests may be sent to [email protected].
Updating digital reporting
Article 86 of Organic Law 3/2018 recognises the right to make a reasoned request for a sufficiently visible update notice where subsequent developments mean that a report no longer reflects the person’s current situation and causes harm. This includes reporting on police or judicial proceedings subsequently affected by favourable judicial decisions. The notice must reflect the relevant decision or development; updating does not mean arbitrarily rewriting an archive.
Digital newspaper archives and the right to be forgotten
Constitutional Court Judgment 58/2018 of 4 June addresses the relationship between digital newspaper archives and the rights to honour, privacy and data protection. It recognises that restricting certain searches by first name and surname can be proportionate without deleting the original report. A news archive does not imply unlimited personal exposure, and its preservation requires balancing informational interest against the rights affected.
European case law on search engines
The Court of Justice of the European Union’s judgment of 13 May 2014 in Case C-131/12, Google Spain, distinguishes search-engine processing from the original publication. In certain circumstances, links must be removed from results returned by a person’s name even though the information remains lawfully available at its source. Delisting and deletion of the original content are distinct measures with separate requirements.
Professional secrecy and protection of sources
Journalistic professional secrecy is recognised in Article 20(1)(d) of the Spanish Constitution. In Goodwin v. the United Kingdom, 27 March 1996, application no. 17488/90, the European Court of Human Rights emphasised the importance of source protection for press freedom. Restrictions require particularly compelling justification; challenging a publication does not create a general entitlement to demand the identification of confidential sources.
Journalists’ conscience clause
Organic Law 2/1997 of 19 June protects the independence of information professionals in the circumstances it regulates. It provides for termination of their relationship with a media company following certain changes in editorial orientation or transfers, and for a reasoned refusal to participate in reporting contrary to the ethical principles of communication, without punishment or detriment on that ground.
Media independence, pluralism and transparency
Regulation (EU) 2024/1083, the European Media Freedom Act, establishes independence safeguards and transparency obligations. Within its scope, Article 6 requires accessible, current information on the provider’s identity, influential owners, beneficial owners and specified public advertising revenues. Identifying technical or commercial partners does not replace legally required ownership information.
Responsibility for content
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Intermediary services and the Digital Services Act
Regulation (EU) 2022/2065, the Digital Services Act — DSA, applies to intermediary services within its scope. Its conditional liability exemptions do not create immunity for a publisher’s own editorial content. Classification as a hosting, participation or platform service depends on the service actually provided; operating a news website does not make all its activities intermediary services.
Reporting possible infringements
Communications concerning possible infringements may be sent to [email protected], identifying the material, its location and the right affected. This channel does not require anyone to waive legal representation or generally prohibit professional legal demands. Applicable procedural prerequisites, deadlines and administrative or judicial remedies remain unaffected.
External links
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Forums and user participation
“EL SIGLO FUTURO” does not operate its own forums. Any future introduction of comments or other participation features will require terms appropriate to their nature and applicable law. Third-party contributions must respect the rights of affected persons and the rules on unlawful content.
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Contracted services and consumer rights
Services governed by Royal Legislative Decree 1/2007, approving the consolidated General Law for the Protection of Consumers and Users, require clear information about the provider, service, total price, duration and relevant terms. Distance contracts must respect statutory withdrawal rights, normally fourteen calendar days, where applicable. Loss of withdrawal rights for digital content requires compliance with statutory conditions and is not inferred merely from accessing the website.
Complaints and alternative dispute resolution
Complaints about contracted services may be sent to [email protected]. Information about alternative dispute resolution bodies will be provided where required by Law 7/2017, without implying any undeclared membership or commitment by the publisher. The former European online dispute resolution platform was discontinued under Regulation (EU) 2024/3228 and is no longer an available complaints channel.
News and audiovisual services
News and audiovisual services include, subject to the relevant licences and agreements, material from AFP — Agence France-Presse; APA — Austria Press Agency; REUTERS — Thomson Reuters Corp.; PTI — Press Trust of India; EuroNews; ANSA — Agenzia Nazionale Stampa Associata; Adnkronos; SID; Xinhua; AP — Associated Press; CORBIS — Unity Glory; VCG — Visual China Group; ANI — Asian News International; NOTIFIED; Polska Agencja Prasowa; and Yonhap News Agency. Each provider’s attribution requirements and conditions of use must be respected.
International distribution of corporate news
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Through the relevant distribution agreements, “EL SIGLO FUTURO” offers corporate news distribution services intended for international information networks connected, among others, with Frankfurt — XFRA, Frankfurter Wertpapierbörse and Xetra; New York — NYSE; Tokyo — Tokyo Stock Exchange; London — London Stock Exchange; Kyodo News; SIX Swiss Exchange; the Vienna Stock Exchange; and Shanghai Stock Exchange. The scope depends on the contracted service and does not guarantee third-party publication or automatic fulfilment of securities disclosure obligations.
Technical infrastructure and security
The technical infrastructure specified for “EL SIGLO FUTURO” includes resources in Boston, United States, and Kuala Lumpur, Malaysia, with services associated with ASPECTRA — Convotis Swiss Cloud / CONVOTIS Schweiz AG, Switzerland, and Iron Mountain and Darktrace solutions. Security measures must reflect the risks and include encryption, access controls, monitoring and backups where appropriate. Using these technologies does not guarantee absolute invulnerability or uninterrupted availability.
Personal data protection
Processing within the scope of Regulation (EU) 2016/679 — the General Data Protection Regulation, GDPR, is governed by that Regulation and, where applicable, Organic Law 3/2018. Territorial application follows Article 3 GDPR, including certain activities directed at people in the Union by entities established outside it.
Controller and contact
SCANDIC TRUST GROUP LLC acts as controller for processing whose purposes and means it determines. Enquiries may be sent to [email protected]. Specific privacy information must identify the purposes, legal basis, recipients, retention and rights. Where Article 27 GDPR requires a Union representative, appointment needs a specific mandate and is not inferred from commercial cooperation.
Processing for journalistic purposes
Article 85 GDPR requires reconciliation of data protection with freedom of expression and information, including journalism. This does not create a general exemption from every obligation. Disclosure must take account of informational interest and the rights affected.
Data processing agreements
Where a supplier processes personal data on the controller’s behalf, the relationship must be governed by Article 28 GDPR. The agreement must address the subject matter, duration, nature and purpose of processing, data and persons concerned, instructions, confidentiality, security, subcontracting, assistance to the controller and treatment of data when services end. A hosting agreement alone does not demonstrate compliance with these requirements.
Exercising data protection rights
Individuals may exercise rights of access, rectification, erasure, objection, restriction and portability where applicable, and withdraw consent. Requests may be sent to [email protected]. The ordinary response period is one month, extendable by two further months because of complexity or the number of requests, with notification and reasons during the first month. Identification requirements must be proportionate.
Data protection authority
Affected individuals may complain to the Spanish Data Protection Agency — AEPD, where competent, or another competent supervisory authority under the GDPR. This right does not exclude available judicial remedies. Institutional information and procedures: www.aepd.es.
Cookies and similar technologies
Cookies requiring consent must not be installed or used before valid consent is obtained. Information and options to accept, reject or configure cookies must be clear and accessible under Article 22(2) LSSI and AEPD guidance. The CJEU judgment of 1 October 2019 in Case C-673/17, Planet49, rejects pre-ticked boxes as valid consent. Withdrawing consent must be straightforward.
International data transfers
Transfers outside the European Economic Area require an adequacy decision, appropriate safeguards or another applicable statutory exception. The CJEU judgment of 16 July 2020 in Case C-311/18, Schrems II, requires attention to the effectiveness of protection in the destination country when contractual safeguards are used. Locating servers or suppliers in third countries does not, by itself, provide a sufficient legal basis.
Copyright protection
Protected content is governed by Royal Legislative Decree 1/1996, the consolidated Intellectual Property Law. Reproduction, distribution, adaptation or communication to the public requires permission unless a statutory limitation applies. Article 32 regulates quotations and other specified uses subject to its requirements and purposes; crediting the source does not authorise unrestricted reuse. The rights of authors, photographers, agencies and other right holders must also be respected.
Text and data mining
Text and data mining is governed by Article 67 of Royal Decree-law 24/2021 and the relevant European framework. “EL SIGLO FUTURO” reserves uses capable of reservation to the extent of its rights and where permitted by law. For online content, reservations must use appropriate mechanisms, including machine-readable means where required. Statutory exceptions that cannot be excluded remain unaffected.
Unsolicited materials and contributions
Submitting text, photographs, documents or other material does not guarantee publication or automatically create an entitlement to payment. Contributors must hold the necessary rights and identify restrictions on use or confidentiality requirements. Receipt does not constitute an unlimited assignment of rights. Professional contributions will be governed by the relevant agreement.
Protection of minors
Article 4 of Organic Law 1/1996 on the Legal Protection of Minors protects minors’ honour, privacy and personal image. Using their name or image may constitute unlawful interference where it damages their reputation or conflicts with their interests, even with consent from the minor or their representatives. Reporting must respect their best interests and avoid harmful identification.
Availability and nature of information
Content reflects the information available in its publication context. Services may be interrupted by maintenance, technical incidents or other circumstances. General information does not constitute individual legal, medical, financial or other professional advice. These qualifications do not exclude duties of care or the rights of customers purchasing services.
Applicable law and competent courts
Applicable law and jurisdiction will be determined under the relevant rules. Consumer contracts will respect, where applicable, Article 6 of Regulation (EC) 593/2008 — Rome I, and Articles 17–19 of Regulation (EU) 1215/2012 — Brussels I bis. No general exclusive submission to foreign courts is imposed that would deprive consumers of their mandatory protection.
Legal validity and language versions
This notice is provided in Spanish and English. Both versions should be interpreted consistently, respecting the official texts and scope of the legislation cited. Invalidity of a provision does not permit its replacement with a restriction contrary to mandatory rights. Subsequent amendments will be identified by the update date and will not retrospectively alter acquired rights.
Contact
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Version dated 29 October 2026.