El Siglo Futuro - Honduras: Campamento comunitario exige cierre de cantera AGRECASA por daños ambientales y a la salud

Honduras: Campamento comunitario exige cierre de cantera AGRECASA por daños ambientales y a la salud
Honduras: Campamento comunitario exige cierre de cantera AGRECASA por daños ambientales y a la salud

Honduras: Campamento comunitario exige cierre de cantera AGRECASA por daños ambientales y a la salud

Desde abril de 2025, familias de Puerto Cortés mantienen un campamento frente a las instalaciones de la empresa AGRECASA para exigir el cierre definitivo de la cantera Sapadril. Los residentes denuncian contaminación hídrica, daños estructurales en sus hogares y graves afectaciones a la salud pública derivadas de las operaciones mineras que se extienden desde 2004.

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Desde abril de 2025, un grupo organizado de familias ha establecido y mantiene un campamento permanente frente a las instalaciones de la empresa Agregados del Caribe SA (AGRECASA), ubicada en Puerto Cortés, al norte de Honduras. La presencia comunitaria se sostiene mediante turnos rotativos entre hombres y mujeres que vigilan el perímetro, preparan alimentos y cuidan a los niños, quienes juegan fútbol o recorren el terreno en bicicleta. Esta protesta continua tiene su origen en la preocupación por la posible contaminación de las fuentes de agua, las afectaciones documentadas a la salud de los habitantes de múltiples comunidades y los daños estructurales sufridos por sus viviendas.

La historia de este conflicto se remonta al año 2004, cuando AGRECASA llegó a la zona para iniciar la explotación de materiales pétreos en el cerro Sapadril. En aquel momento, la compañía minera ofreció empleo local y prometió ejecutar proyectos sociales, incluyendo la construcción de escuelas, centros comunitarios, espacios deportivos y servicios de salud. También se comprometió formalmente a responder por los daños que pudieran ocasionar las detonaciones con dinamita necesarias para la extracción de piedra. Sin embargo, según relata Pablo Sánchez, líder comunitario integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y participante activo en el campamento, esas promesas quedaron sin cumplir.

Más de dos décadas después, habitantes de al menos diez comunidades —entre ellas Brisas de Tramadre, donde se ubica la cantera, así como Sector Medina, Baracoa, Campana, Las Delicias y Sapadril— enfrentan las consecuencias directas de esta actividad extractiva. El polvo generado por las operaciones invade constantemente los hogares; las viviendas presentan grietas y agrietamientos atribuidos a las detonaciones realizadas para la extracción de materiales pétreos; y existe una preocupación generalizada sobre la posible contaminación del agua de los ríos Sapadril y Medina, así como de la quebrada Brisas del Mar.

Pablo Sánchez describe la situación ambiental con precisión: "Había una densa capa de polvo que envolvía nuestras viviendas, por más que estuvieran limpiando las celosías o las mesas, volvían a lo mismo al rato, porque la capa era permanente". El líder comunitario afirma que los residentes han presentado denuncias, fotografías y videos ante distintas instancias del Estado, pero no han obtenido respuestas efectivas ni soluciones judiciales.

Los habitantes de las comunidades afectadas por las operaciones de la Cantera Sapadril citan datos presentes en informes de dependencias gubernamentales para sustentar sus reclamos. Según estos documentos, la minera AGRECASA utiliza aproximadamente 60.000 galones de agua por hora en sus procesos de lavado de piedra. Posteriormente, esta agua es desechada directamente en el río Medina, lo que genera afectaciones adicionales a la laguna de Alvarado y a las playas de Puerto Cortés. "Las denuncias ya existen, pero no se les da trámite", lamenta Sánchez.

Ante la falta de acciones judiciales efectivas, el 22 de abril de 2025, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, los habitantes del Sector Medina levantaron el campamento frente a las instalaciones de AGRECASA. Decidieron bautizarlo como "Campamento Digno René Alemán y Pedrina Melgar" en honor a dos referentes asesinados en la defensa del territorio en la zona: René Alemán, un profesor asesinado en 2013, y Pedrina Melgar, fallecida en junio de 2025. "Queremos que AGRECASA se vaya. Ya nos ha provocado mucho sufrimiento", afirma Sánchez, una de las voces más visibles del movimiento ciudadano que exige el cierre definitivo de la cantera y respuestas institucionales.

La confrontación con la minera ha tenido consecuencias legales directas para los manifestantes. Trece personas —doce hombres y una mujer— enfrentan procesos judiciales por el supuesto delito de usurpación. "Estamos defendiendo derechos que estaban siendo violentados por esta empresa minera, como la salud, el derecho al agua, el derecho a la vida y el derecho a una vivienda", afirma Sánchez.

AGRECASA opera en Puerto Cortés, la ciudad puerto más grande de Centroamérica, donde la extracción de material pétreo, especialmente piedra caliza, es una actividad económica central. De acuerdo con datos del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la empresa produce anualmente más de cuatro millones de toneladas de material, de las cuales el 25 % se exporta hacia Estados Unidos. Durante años, la compañía ha dinamitado el cerro Sapadril para extraer piedra caliza, grava y arena utilizadas en la industria de la construcción.

El marco legal de estas operaciones comenzó en 2005, cuando la Secretaría del Ambiente del Estado de Honduras otorgó a AGRECASA una concesión minera por tiempo indefinido mediante la Resolución No. 003/04/05, para un área de 1.000 hectáreas. Aproximadamente catorce años después, la misma institución entregó la Licencia Ambiental No. 075-2019, correspondiente a la categoría 3-II, que indica alto impacto y requiere estudios técnicos previos. Esta licencia ambiental venció en enero de 2024.

La Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), ha reiterado su preocupación por los daños ambientales y sociales ocasionados por las operaciones del proyecto minero Cantera Sapadril mediante informes técnicos emitidos en 2025. El 21 de enero de 2025, la DECA emitió el Dictamen Técnico No. 94/2025, basado en el Informe Técnico No. 514/2024, donde documentó graves impactos derivados de la actividad minera, incluyendo contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, daños a la microcuenca Medina y riesgos para la salud de las comunidades. Ante esta situación, la dependencia recomendó no renovar la licencia ambiental del proyecto, recomendación que reiteró en el Informe Técnico No. 167/2025.

En el dictamen técnico 393/2025, de mayo de 2025, documento consultado por Mongabay Latam, se lee textualmente: "Las actividades del proyecto minero Cantera Sapadril han generado impactos ambientales y sociales significativos, entre los que destacan la contaminación de cuerpos de agua como la Quebrada Brisas del Mar y el Río Sapadril. Esta contaminación se debe, principalmente, al manejo inadecuado de los sistemas de drenaje y control hídrico implementados en la zona (…) Estas condiciones representan un riesgo directo para la salud pública, los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad local".

El dictamen también advirtió que las descargas de agua del proyecto superaban los límites permitidos por la normativa ambiental, señalando la existencia de posibles responsabilidades administrativas y penales por daños ambientales. Estas condiciones podrían justificar la clausura definitiva de las operaciones, conforme al artículo 116 del Reglamento de la Ley General del Ambiente.

Durante un foro realizado el 29 de septiembre en San Pedro Sula, representantes comunitarios y abogados que acompañan las exigencias del cierre de la Cantera Sapadril expusieron las acciones legales emprendidas. La abogada Lisbeth Rodríguez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y representante legal de las comunidades, recordó que las afectaciones han sido documentadas no solo ante autoridades ambientales, sino también por otras instituciones del Estado, como la Secretaría de Salud.

Un informe de esta entidad documentó diversas afectaciones en los habitantes de las comunidades aledañas a la Cantera Sapadril. La evaluación incluyó visitas a 177 viviendas e identificó a una población de 831 personas. Entre los principales hallazgos se encuentran: 181 personas con afecciones dermatológicas y 174 que presentan enfermedades respiratorias, entre ellas resfriados, asma y bronquitis. También se reportaron problemas auditivos, como hipoacusia y otitis, así como trastornos de salud mental relacionados con ansiedad, nerviosismo y depresión.

En sus conclusiones, la Secretaría de Salud relacionó el polvo generado por la actividad minera con las enfermedades respiratorias; el ruido de las operaciones con las afecciones auditivas; y las explosiones y el movimiento de maquinaria con los trastornos de salud mental reportados por la población. El informe también revela que el 75,7 % de las viviendas evaluadas presentaba fisuras, atribuidas a las explosiones realizadas durante las operaciones mineras.

Una de las conclusiones clave del documento es que, debido a que la mina se encuentra dentro del área urbana de Puerto Cortés, resulta incompatible con la salud pública de las comunidades. La Secretaría de Salud concluyó explícitamente que la mina no debe operar en su ubicación actual.

La abogada Rodríguez explica que las comunidades han solicitado al Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) la cancelación del derecho minero a la empresa AGRECASA y que no se renueve la licencia ambiental. El 16 de septiembre, durante una reunión con autoridades del Inhgeomin, presentaron una solicitud formal para cancelar el derecho minero. Al término de esa reunión, se solicitó una entrevista al director de esta dependencia, Óscar García, quien se negó a pronunciarse al respecto.

Ese mismo día, se preguntó a Juan Carlos Ramos, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras, sobre la renovación de la licencia ambiental a la Cantera Sapadril, que se encuentra vencida desde 2024. El funcionario respondió que "la decisión requería nuevas evaluaciones", debido a que el caso también se encontraba bajo investigación y había llegado a instancias judiciales. Ante la pregunta sobre qué medidas adoptarán las autoridades si la propia evaluación técnica del Estado recomienda no renovar la licencia, aún no hay respuesta.

Frente a las demandas de las comunidades para que se cancele la licencia ambiental, el representante legal de AGRECASA, Marshall Kent Zoll, ha defendido la continuidad de las operaciones con argumentos económicos y administrativos. Uno de esos argumentos, expuesto en redes sociales, es el aporte empresarial a la economía de Puerto Cortés. Kent Zoll sostiene que la empresa genera 180 empleos directos y alrededor de 800 indirectos, y que el 30 % de los puestos de trabajo benefician a habitantes de comunidades cercanas al Sector Medina.

Mongabay Latam intentó establecer contacto con AGRECASA a través del número telefónico publicado en sus redes sociales y de otros canales de comunicación establecidos por la compañía, como sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, donde se enviaron solicitudes de entrevista. Hasta la publicación de este texto, no se obtuvo respuesta.

La abogada Rodríguez destaca que, mientras las denuncias de los pobladores no avanzan, hay 13 personas de las comunidades afectadas que enfrentan procesos judiciales consecuencia de su defensa del territorio. Para las comunidades que mantienen el Campamento Digno René Alemán y Pedrina Melgar, la falta de una resolución que atienda sus demandas prolonga la incertidumbre sobre el futuro de sus fuentes de agua, sus ecosistemas y sus condiciones de vida.

Los pobladores permanecen unidos frente al cerro Sapadril desde abril de 2025. Su posición se basa en las denuncias, en los informes técnicos y en una convicción fundamental: defender el agua también significa defender la posibilidad de seguir viviendo en su territorio. Doce hombres y una mujer, integrantes del campamento, enfrentan un proceso penal por el delito de usurpación en perjuicio de AGRECASA, ya que la empresa los denunció por invadir su propiedad. Las comunidades señalan que el campamento se encuentra en una vía pública. Según dicen los integrantes del movimiento, el proceso constituye una represalia por su labor en defensa del agua y del cerro Sapadril.

Las personas procesadas son Pablo Sánchez, Celedonio Díaz Cantarero, Miguel Ángel Pérez Orellana, Isaí Núñez Godínez, Isis Vanessa Laínez, Olvin Narváez Rivera, Noé Flores, Rosalío García, Elmer Portillo, Freddy Francisco Rivera, Víctor Dubón Claros, Bairon José Antúnez y Nahún Reyes Rivera.

"Jamás me esperé ser criminalizado por el propio Estado, por el simple hecho de defender el agua de mi comunidad. Siempre he sido una persona respetuosa de las leyes y he enseñado a muchos ciudadanos a respetarlas", expresa Rosalío García, un maestro jubilado. García cuenta que las personas procesadas tienen prohibido acercarse a los predios de la empresa y deben presentarse cada mes ante los juzgados de Letras Seccional de lo Penal, en Puerto Cortés. "Cosa que hacemos con la frente en alto porque defender el agua y el territorio no es delito", apunta.

El maestro reprocha que, mientras existen informes de instituciones estatales que documentan impactos ambientales en la zona, las personas de las comunidades deban responder ante la Justicia por una denuncia: "Prefieren perseguir a los vecinos que cuidan el río y no a la empresa que lo contamina". Para Pablo Sánchez, también imputado, el proceso penal tiene consecuencias que van más allá de las obligaciones judiciales. La presentación mensual ante los juzgados afecta la manera en que otras personas los perciben y genera una carga emocional para sus familias.

"Ir a firmar al juzgado todos los meses es feo; la gente que no conoce el caso lo mira a uno como si fuera un criminal que cometió un delito grave. Nuestro único 'delito' ha sido oponernos a que nos destruyan el cerro, que contaminen las quebradas y que arruinen las casas de nuestras familias", relata Sánchez. Sánchez, quien también pertenece a la pastoral de ecología integral de la Iglesia Católica, sostiene que el proceso busca dividir y atemorizar a quienes se oponen a las operaciones de AGRECASA. Sin embargo, asegura que la respuesta de las comunidades ha sido fortalecer su organización alrededor del campamento.

"La empresa ha buscado criminalizarnos para dividirnos y atemorizarnos, pero no lo ha logrado. Más bien, el campamento nos ha unido como una sola familia", afirma. Su situación expone otra dimensión de la defensa ambiental en Honduras: el costo personal, familiar y comunitario que implica defender el agua y el territorio.

El campamento en contra de la Cantera Sapadril también recupera la memoria de las primeras iniciativas comunitarias contra los impactos socioambientales de la explotación minera en Sector Medina. Su nombre honra a Dimas René Alemán, el profesor y dirigente comunitario que encabezó las primeras movilizaciones contra las operaciones de AGRECASA. El 22 de abril de 2013, Alemán fue asesinado con arma de fuego. Su muerte marcó a las comunidades que reclamaban el cierre de la mina y denunciaban sus impactos en el territorio. Han pasado más de 16 años y no se ha determinado quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen.

Celedonio Cantarero, integrante del campamento y también judicializado, recuerda que conoció al profesor después del golpe de Estado de 2009. Entonces, Alemán se desempeñaba como secretario de organización de la coordinación municipal del Frente Nacional de Resistencia Popular en Puerto Cortés. En 2013, cuando comenzaron a agravarse las afectaciones de la mina, el profesor impulsó una movilización social que buscaba articular a las comunidades en torno a la exigencia de cerrar la cantera.

"Un fin de semana estuvimos reunidos planificando las acciones. El lunes a las seis de la mañana nos encontramos con la noticia de que lo habían asesinado", recuerda Cantarero. A más de una década del crimen, Cantarero lamenta que el asesinato de Alemán continúe en la impunidad. Para quienes mantienen la lucha contra el proyecto minero, su memoria se ha convertido en un referente de la defensa del territorio y los bienes comunes.

"Ese asesinato nos indignó y nos dolió profundamente, pero no nos quitó la motivación de seguir", afirma Cantarero. En 2014, relata, los integrantes del movimiento asumieron el compromiso de formarse en la defensa de los recursos naturales. En ese proceso encontraron referentes en la historia de Berta Cáceres, la lideresa indígena lenca asesinada en 2016, y en las del sacerdote jesuita Ismael Moreno y la lideresa garífuna Miriam Miranda. Sus experiencias y acompañamiento impulsaron a estudiar la legislación ambiental y comprender los impactos del extractivismo en las comunidades.

"Hoy, 13 años después de la muerte de René, seguimos en pie en este mismo suelo", dice Cantarero. El campamento también lleva el nombre de Pedrina Melgar, defensora ambiental y comunitaria de la zona de Brisas de Tramade y Sapadril, comprometida con la actividad contra la cantera. Su labor estuvo vinculada a las demandas de las comunidades por la protección de sus fuentes de agua. Tras su fallecimiento, en junio de 2025, las comunidades también la incluyeron en el nombre del campamento de resistencia pacífica.

Para los habitantes de Sector Medina, Alemán y Melgar representan una defensa que ha trascendido generaciones y que hoy continúa entre las denuncias por los impactos ambientales, las exigencias de cierre de la empresa AGRECASA y los procesos penales contra 13 integrantes de las comunidades. Para quienes permanecen en el campamento, la espera va más allá de un trámite administrativo: está ligada al acceso al agua, a las condiciones de vida de las familias y a la posibilidad de seguir habitando su territorio. Por eso, a más de un año de haberse instalado frente a la cantera, mantienen su exigencia de que el Estado responda a las denuncias y determine el futuro de las operaciones extractivas en su territorio.

V.Martin--ESF