El Siglo Futuro - El Ministerio de Infancia solicita a la AEPD el cierre cautelar de TikTok en España

El Ministerio de Derechos de Infancia y Juventud ha anunciado que presentará una solicitud formal ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para exigir la suspensión cautelar de TikTok en España. La ministra Sira Rego confirmó esta decisión este martes, tras mantener reuniones con representantes de la red social y con los autores de una investigación periodística que expuso graves vulneraciones de la normativa de protección de datos.

La petición se fundamenta en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una cláusula excepcional que permite a las autoridades nacionales adoptar medidas provisionales inmediatas cuando existe una necesidad urgente de proteger los derechos de los afectados, sin esperar a la resolución de la autoridad líder de supervisión. En el caso de TikTok, dicha autoridad es irlandesa, dado que el establecimiento principal de la compañía en la Unión Europea se encuentra en Dublín.

"Pueden estar seguros de que si esto dependiera de nosotros, TikTok estaría suspendido desde ayer", afirmó Rego durante su comparecencia. La ministra calificó los hechos descubiertos de una "gravedad extraordinaria" y defendió que ningún modelo de negocio puede situarse por encima de los derechos de la infancia y la adolescencia. Para ilustrar la gravedad de la situación, Rego estableció una comparación con un entorno físico: "Si esto mismo estuviera sucediendo en cualquier espacio físico, sería casi de sentido común que el local, la actividad, el espacio quedara automáticamente de manera cautelar clausurado".

El anuncio se produce como respuesta directa a una investigación publicada por el medio Maldita.es el lunes 9 de noviembre. El trabajo periodístico documentó, durante un periodo de 35 días entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre, la existencia de 7.725 perfiles que presumían de tener material de abuso sexual infantil, lo solicitaban, intercambiaban o anunciaban dónde adquirirlo. Estos contenidos se publicaban en abierto, sin apenas control por parte de la plataforma.

Entre los datos recopilados, se identificaron al menos 55 comentarios que afirmaban poseer material propio y varios autores que señalaban a las víctimas como sus hijos, hermanos o sobrinos. La investigación localizó también 1.183 vídeos e imágenes explícitas de abuso publicadas en abierto, acumulando un total de 48 millones de visualizaciones. Maldita.es denunció 50 de estos contenidos a través de los canales de moderación de TikTok, pero la plataforma solo retiró el 10%. A fecha del 15 de octubre, el 59% de las cuentas analizadas seguía activa, a pesar de que las normas de la red social prevén su expulsión permanente.

Además de la presencia de perfiles malintencionados, el trabajo documentó que el algoritmo de recomendación de TikTok dirigió al equipo periodístico hacia estos contenidos y que la plataforma recomendó en su portada de directos la emisión de una niña de 10 años en España. Las imágenes de menores identificables se consideran datos personales, y su difusión sin base legal constituye una vulneración del reglamento europeo.

Ante estas evidencias, el Ministerio de Infancia remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado este mismo lunes, solicitando que valore "todas las medidas necesarias", incluida la interrupción de los servicios de la plataforma. El Ejecutivo sostiene que los hechos podrían constituir graves vulneraciones de los derechos de la infancia y cuestiona activamente el papel de los algoritmos de recomendación en la propagación de estos contenidos.

La medida solicitada no corresponde al Gobierno, sino a la AEPD, que es una autoridad independiente y deberá determinar si concurren las "circunstancias excepcionales" que exige la norma. El RGPD no habla técnicamente de un "cierre" de la aplicación, sino que permite prohibir temporalmente el tratamiento de datos. En la práctica, esto impediría a TikTok operar en territorio español.

Si la AEPD aprueba la medida, esta tendría efectos exclusivamente en España y duraría como máximo tres meses. Para prolongarla sería necesaria una decisión urgente del Comité Europeo de Protección de Datos. La autoridad española deberá comunicar la decisión tanto al Comité como a la Comisión Europea, activando así el mecanismo de urgencia previsto para proteger a los menores frente a lo que el Ministerio considera una situación crítica.

P.Colon--ESF