Dos menores acusados de agredir a un compañero con parálisis cerebral en Santander irán a juicio
El Tribunal de Menores de Santander ha resuelto parcialmente el caso de la agresión a un alumno con parálisis cerebral en el IES Leonardo Torres Quevedo. Dos de los cuatro implicados han firmado acuerdos extrajudiciales, mientras que los otros dos, al negar su culpabilidad, enfrentarán un juicio oral fijado para enero de 2027.
El Tribunal de Instancia de Santander, a través de su Sección de Menores, ha dictado una resolución judicial que marca el desenlace parcial del caso ocurrido en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Leonardo Torres Quevedo. La sentencia establece que dos de los cuatro alumnos acusados de agredir y vejear a un compañero con parálisis cerebral aceptaron acuerdos extrajudiciales con la Fiscalía y la acusación particular, mientras que los otros dos, al considerarse inocentes, deberán enfrentar un juicio oral el 21 de enero de 2027.
Los hechos investigados ocurrieron a finales de marzo de 2025, cuando imágenes difundidas en redes sociales mostraban a cuatro estudiantes agrediendo e increpando a un compañero con discapacidad. Las grabaciones revelaban cómo le pegaban y lo vejaban, provocando una reacción social inmediata que llevó a cientos de personas de diversas edades a concentrarse dos días después para exigir una respuesta institucional. La resolución judicial, accesible a través de la agencia Europa Press, detalla las medidas impuestas a cada uno de los implicados.
En el marco del acuerdo extrajudicial, dos de los menores han reconocido los hechos declarados probados en la sentencia, así como la causa que los fundamenta y las medidas que se les imponen. Según el documento, ambos eran compañeros de clase de la víctima y formaban parte de un grupo de amigos que realizaba actividades conjuntas tanto durante el horario escolar como en los recreos. La resolución los considera autores de un delito contra la integridad moral en concurso real con otro leve de maltrato.
Para uno de ellos, se ha impuesto una medida de ocho meses de tareas socioeducativas. El tribunal justifica esta decisión señalando que es "de todo punto necesaria desde el punto de vista educativo" y considera la medida "la más adecuada" para promover su inserción formativo-laboral, así como su desarrollo moral y el aprendizaje de habilidades sociales alternativas a la agresión. Se indica que la entidad pública de reforma ejecutará esta medida y deberá informar al juzgado sobre la evolución y cumplimiento del menor.
Al otro menor del acuerdo se le ha impuesto una amonestación, calificada también como necesaria para hacerle comprender la trascendencia de los hechos cometidos y evitar la reincidencia en conductas antisociales. Además, ambos han aceptado indemnizar a la víctima con 2.000 euros por los perjuicios ocasionados. La sentencia establece también que no podrán acercarse a la víctima a menos de 300 metros ni comunicarse con ella.
Por su parte, la acusación particular ha elevado la petición de indemnización conjunta a más de 28.000 euros, una cifra significativamente superior a la aceptada en los acuerdos parciales. La Fiscalía, por su parte, reclama que la víctima sea indemnizada por un total de 2.500 euros por los perjuicios sufridos.
La otra mitad de los acusados no ha aceptado el acuerdo al considerar que son inocentes y que no han cometido ningún delito. El Ministerio Fiscal pide para uno de ellos, como autor del mismo tipo de delitos, 70 horas de trabajos en beneficio de la comunidad de carácter humanitario. Para el otro, solicita 12 meses de tareas socioeducativas "encaminadas a promover el desarrollo moral, las habilidades sociales alternativas a la agresión y la capacidad empática", además de una prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante dos años.
La sentencia judicial describe en detalle el contexto del incidente. El 11 de marzo de 2025, sobre las 12:00 horas, los acusados se encontraban sin profesor en un aula del instituto realizando una actividad académica que permitía el uso de teléfonos móviles. Guiados por el propósito de menoscabar la dignidad moral de la víctima, uno de ellos le pegó mientras otros grababan la escena. El tribunal reconoce que este acto ocasionó un sufrimiento a la víctima, quien ha padecido una situación de estrés y afectación emocional leve, generando daño social y psicológico agravado por su vulnerabilidad.
La víctima del caso padece desde su nacimiento una parálisis cerebral que le impide caminar y hablar. Se desplaza en silla de ruedas eléctrica y se comunica mediante un dispositivo electrónico. Tiene reconocida una discapacidad del 75 % y un grado de dependencia 3, o gran dependencia. La resolución judicial enfatiza que la agresión no solo tuvo lugar en un entorno educativo, sino que aprovechó la ausencia de supervisión docente para llevar a cabo los actos vejatorios.
El juicio contra los dos menores que se niegan a reconocer su culpabilidad está fijado para el 21 de enero de 2027. Este proceso determinará si el tribunal confirma o desestima las acusaciones de delito contra la integridad moral y maltrato leve, así como las medidas penales que podrían aplicarse en caso de condena. La sentencia actual solo resuelve la vía extrajudicial para los dos implicados que aceptaron las condiciones propuestas por la Fiscalía y la acusación particular.
V.Martin--ESF